Así como los muertos votan, perduran ciertos vecinos con el poder de rubricar las tasas municipales de tu distrito. La Asamblea de Mayores Contribuyentes – cohorte que ratifica o rechaza la votación del Concejo Deliberante (HCD) sobre el sistema tributario y las deudas de la Comuna -, proyectaba en Azul otra renovación de nombres sin sobresaltos. Transcurría la sesión especial de julio para discutir las postulaciones de este año, cuando una denuncia masiva otorgó a ciertos candidatos un protagónico inusitado: Unión por la Patria (UP) propuso la impugnación de 13 de las 16 candidaturas, todas provistas por bancadas opositoras, ante diversos incumplimientos de las arcaicas condiciones que establece la Ley Orgánica de las Municipalidades.
El absurdo no culminaría aquella tarde. Hubo acuerdo entre Podemos y el monobloque UCR para emplazar el debate a un cuarto intermedio. Las 48 horas ganadas sirvieron al tándem para reperfilar el listado de postulantes. Los nombres propios en regla se alzaron por mayoría durante la coda del furcio legistlativo. Contribuyentes finales de la oposición, junto a la nómina con el sello de UP, fueron oficializados por decreto del Ejecutivo. Por decisión del Intendente, los infractores quedaron en calidad de suplentes.
En el aire mediático quedaron las denuncias fogoneadas post sesión. Desde el oficialismo, con énfasis en candidates con domicilio en otras localidades, y de otres con 15 años sin abonar un impuesto al Municipio. Enfrente, una coalición temporaria que incluyó conferencias de prensa para denunciar persecución ideológica del Ejecutivo, y hasta la acusación de que el propio intendente adeuda impuestos de ARBA.
A continuación la cronología del furcio legislativo – entre la defensa oficial y la campaña acusatoria del pleno opositor -, y un repaso sobre el concepto de Mayor Contribuyente; a qué clase sirvió desde el origen, y cómo la crisis de legimitidad de la política explica su persistencia en tiempos actuales.
Otro capítulo de la disputa por la chacra asfaltada
Cabe retrotraerse al traspaso de mando en diciembre, donde el grueso de contribuyentes que respondía al bertellysmo validó, fruto del consenso entre Nelson Sombra y Hernán Bertellys, la Tasa por Servicios Esenciales. Si existe un hito excluyente en estos meses de gestión Sombra, es su apuesta por resignificar el sistema tributario del distrito, con la urgencia de superar el déficit heredada.
Lo concreto es que la Tasa implica, ante todo, un revés bisagra para la histórica clase dirigente del Partido, que se mostró reaccionaria sin límites en el veredón municipal, y de quien se espera una insistencia por la vía legal que derroque lo que define como «El impuestazo». La batalla cultural entre el sombrismo y el campo fundamenta la preponderancia que el actual gobierno le asigna al poder de voto del conjunto vecinal.
Según quien esté juzgando, la fiscalización de las nóminas procura que sólo queden vecines en regla, o bien, es una artimaña propia de una caza de brujas. Asoma no obstante una tercera posición: la hipótesis de que las impugnaciones nacen de un compromiso por la transparencia estatal en todos sus poderes, ante el indefendible «mamarracho institucional» de los bloques disidentes en el Concejo. El oficialismo se autopercibe dentro de esta postura política, resumida por Xavier Cabrera Cisneros a lo largo del raid mediático que antecedió al cuarto intermedio.
«Hay personas que adeudan al municipio hace quince años y no pagan ni una tasa», acusaría el titular del bloque peronista en una entrevista con Andrea Castro. Un comunicado de Unión por la Patria, publicado casi en simultáneo, caracterizó a los pretendientes indefendibles: además de los meramentes deudores, la gacetilla acusaba la postulación de un integrante de la Polícia Bonaerense, y de otro candidato con domicilio en Tandil. Por irregularidad o incompatibilidad, los aspirantes impugnados incumplían los requisitos legales básicos para integrar la Asamblea (desarrollados más adelante en esta nota); pertenecer al Partido de Azul, no cumplir funciones públicas que choquen con las previstas, y pagar impuestos anuales que, en su conjunto, superen los $200 míseros pesos moneda nacional.
Denuncias aparte, y retomando la defensa que hiciera con su bancada en el recinto, Cisneros le hizo frente al eje de los cuestionamientos opositores: los mecanismos que permitieron conocer, en detalle, el «prontuario» impositivo, domiciliario y laboral de los potenciales contribuyentes de enfrente. “No es que tenemos información privilegiada – reafirmó el vocero sombrista en aquella nota radial -, sino que pedimos acceso a esta información, lo cual es facultad de este Concejo Deliberante». Y con la mira firme en la disidencia intransigente, replicó: «si el resto de los concejales no la pidieron, no busquen generar suspicacias».
La resolución legal del «mamarracho» fue anticipada por el propio Cisneros el último viernes de julio, en una salida para Somos Azul:»El intendente designó por decreto la lista de Mayores Contribuyentes. En la misma, priorizó el compromiso de aquellos vecinos que han cumplido y se esfuerzan por mantener al día el pago de las tasas. Por esta razón los nombres que en su momento impugnamos desde el bloque oficialista pasaron a ser suplentes. Esta decisión, tomada por el intendente dentro de sus facultades, fue categórica, fundamentada, sólida y sin arbitrariedades. Es una forma de hacer política desde una perspectiva diferente, sin personalismos ni condicionamientos. Está claro que la nómina se terminó personalizando cuando las impugnaciones que propusimos no fueron caprichosas. Nos pareció fea la actitud de la oposición, que proclama el diálogo pero intenta condicionarlo».
Cisneros no apuntaba a los bloques de la UCR Evolución, Nuevo Azul o el Peronismo para el Desarrollo Local, únicos en proponer reemplazos inmediatos en la sesión especial. Los señalados por UP siempre fueron Podemos, La Libertad Avanza y el monobloque de la UCR, unidos dentro y fuera del recinto por una férrea resistencia a modificar sus listas.
¿Persecución política? ¿Un intendente moroso?
Alineados por la contraofensiva, el ex partido vecinalista, el bloque libertario y su par referenciado en la juventud radical cuestionaron los métodos para llegar a la información personal de los ciudadanos vetados. Natalia Colomé, Fátima Torres y Agustín Poyou sucedieron a Cisneros en el micrófono de Andrea Castro para acusar a la gestión Sombra de persecución política.
Sentencia Colomé en nombre del tridente díscolo: «Al no contar con la mayoría legislativa, el intendente, en lugar de buscar consensos, recurre a medidas que no tienen antecedentes, empleando las estrategias más bajas como la de perseguir a las personas que quieren participar, como son los Mayores Contribuyentes». La titular de Podemos sostiene que Sombra «confunde el Estado con el partido kirchnerista, avasallando facultades que no le son propias», al tiempo que legitima el accionar de sus concejales, «quienes revisten una ignorancia supina o un autoritarismo manifiesto, confundiendo la imposición con el diálogo, rozando lo absurdo y lo arbitrario».
En el mismo sendero acusatorio – compartido por LLA y la JUCR – las impugnaciones no constituyen para Colomé una iniciativa de transparencia estatal, sino «una pesquisa de enorme bajeza», la última jugada del sombrismo para cimentar su matriz tributaria.»Hicieron lo mismo con la Tasa Esencial, que seguimos sosteniendo fue un impuestazo, y no un milagro ni una solución al déficit que dejó la Gestión Bertellys», fustigó la rosarina a título partidario. Detrás de las maniobras legislativas de UP, insiste Colomé, hay un jefe comunal «que busca de fondo aumentar y crear nuevas tasas, cuando debería enfocarse en reforzar y construir puentes en lugar de dinamitarlos». «Nosotros, en cambio – la referencia es para Podemos -, siempre nos ubicamos del lado de los vecinos».
El lobby disidente volvería a mostrarse unido en una conferencia de prensa, donde el pleno de las tres fuerzas redobló las críticas vertidas en el programa de Andrea Castro. Por novedad presentaba una incorporación de peso: Pilar Álvarez, mano derecha de Jorge Ferrarello en la ahora agrietada UCR Evolución. El pope de AECA encarnó, por el contrario, la ausencia de la hora. Visitaría Somos Azul a las horas, con el fin de despegarse por completo de la hipótesis de persecución política. «Primero que me enteré de la conferencia por los medios, y segundo que no comparto: hay que ir al Tribunal de Cuentas, y después esperar que el Tribunal dé sentencia», sinceró.
Ferrarello fue más allá en la discrepancia con la cruzada opositora. Refrescó que «hace 4 meses hicieron una conferencia también por el tema de la Tasa (por Servicios Esenciales), y el Tribunal de Cuentas no dijo nada. O sea; está bien que se pueda cobrar». «Seamos sinceros – profundizó el sindicalista -: cuando reafirmarmos (en el cuarto intermedio) a los contribuyentes que habían sido impugnados, si se levantaban todos los concejales en desacuerdo, la sesión se caía. En cambio – distinguió Ferrarello – se quedaron todos sentados, la lista salió, y después el intendente hizo lo que hizo. Si el Tribunal dice que está mal, el intendente será multado; y si está bien, nos preguntaremos toda esta movida para que se hizo…»
El referente del cómite de calle Burgos distingue dos aspectos esenciales en torno a las impugnaciones. En términos históricos, la necesidad social y política de problematizar la figura del Mayor Contribuyente; en lo inmediato, la confirmación de que el sombrismo, aún contando con el pleno de la Asamblea vecinal, es incapaz de implantar a piaccere sus iniciativas legislativas.»Hoy el intendente no tiene los votos en el Concejo. Si o si tiene que salir por consenso», asevera Ferrarello. Así lo ejemplifica: «Vamos a suponer que la oposición, de la que yo formo parte, diga: ‘vamos a aumentar un 80%’, y el Intendente quiere aumentar un 100%. Gana la del 80%. Pasa a los Mayores Contribuyentes. Y si el Intendente tuviera más votos en los mayores contribuyentes, dirán ‘el 80% no se aprueba’, pero él se queda con los impuestos que tenemos hoy».
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Hubo que esperar hasta la 11° sesión del C.D para la primera declaración del Ejecutivo respecto del contribuyentes gate. El dardo no podía esquivarse. Provino de la presidencia del Legislativo, con el sello del segundo timón de Podemos. Juan Louge le endilgaba al Intendente «una deuda personal» de impuesto automotor, supuestamente verificable a través del registro de ARBA. Sombra estaba siendo acusado de contribuyente con deuda. «El intendente debería dar el ejemplo como ciudadano y como Jefe del Gobierno», remataba Louge, deseoso de que el Tribunal de Cuentas ratificara la denuncia, e hiciera inexorable la marcha atrás de las impugnaciones. El silencio del Tribunal persistiría. La respuesta del acusado, por el contrario, ingresó en el Concejo la tarde del viernes 16, como «nota dirigida al presidente a raíz de su última intervención».
Desde el vamos, la glosa de Sombra conjuga ironía con evidencia para desmentir el ataque de Louge: «Quiero agradecerle que me haya puesto al tanto de la deuda del automotor matrícula AA622ZZ, que fuera de mi propiedad, y que vendí en el mes de enero del corriente«. Dice estar sorprendido por la presunta deuda en ARBA, «ya que desde chico me enseñaron a honrar las deudas asumidas y es una actitud que he mantenido a lo largo de mi vida». Luego arremete: «Cuando lo escuché, me preocupé por encontrarme en ‘situación 3’, pero al investigar -calculo Usted también lo habrá hecho- me informé que dicha situación refiere a las deudas que superan los diez mil pesos. En este caso, una patente de treinta y un mil pesos, la cual fue inmediatamente abonada por el nuevo titular del vehículo, a quien agradezco públicamente».
La nota es clara: no hay tal deuda. El dardo artero de Louge, puede leerse como una continuidad de la campaña acusatoria que encabezara su mano derecha en Podemos. Por caso, Sombra destinó el resto de la misiva a refutar la hipótesis de persecución política formulada por Colomé, sin dejar de refrendarle a Louge las responsabilidades de los Poderes en cuanto a la Asamblea contribuyente. «El Intendente municipal no puede eliminar a nadie del listado, sencillamente, porque esa es una facultad propia del Cuerpo que usted preside«, refrescó el jefe comunal, cuya competencia en el asunto se agota en la ratifiación del listado definitivo. «Y el criterio que apliqué – reafirmando lo que anticipara Cabrera Cisneros – fue el del mérito; mérito de aquellos que hacen un esfuerzo por mantener sus tasas al día, porque aportan y apuestan a la comunidad, en comparación con quienes no pueden o no quieren hacerlo. De allí, titulares y suplentes».
Los párrafos restantes condensan una exhortación a «conducir con el ejemplo» – más bien, una cucharada de medicina propia del intendente hacia Logue-, una sugerencia abierta a «cuidar las formas, pero también el contenido de sus expresiones para no instalar permanentemente un manto de sospecha sobre la actividad política y sus autores». «Ello denota – sentenciará Sombra- una baja calidad en la discusión pública por la que usted debe velar; nada se puede construir teniendo como premisa permanente destruir al otro».
Sólo una prueba contundente en torno a las impugnaciones podría convencer al Tribunal de Faltas de voltear la nómina firmada por Sombra. Tan cierto como lo advertido por Ferrarello: el oficialismo no cuenta con las manos alzadas que garanticen la vigencia de su Tasa por Servicios Esenciales, ni dispone de un aliado político que le facilite por el consenso los votos para darle cauce.
Las alarmas para el sombrismo resuenan no tan lejanas; si hay tantos Mayores contribuyentes como concejales tenga el distrito, y cada bancada tiene el derecho a designar sus representantes vecinales, las elecciones a medio término definirán el avance o la caída de la Tasa, y consigo la herramienta clave de la actual gestión para naufragar la pesada herencia del binomio Bertellys-Vieyra.
¿Y la sociedad qué? El revuelo provocado por las impugnaciones le presenta un interrogante tan histórico como inadvertido: a qué sector le conviene que persistan los Mayores Contribuyentes. Lo que equivale a cuestionarse, en tanto comunidad, por qué una asamblea vecinal ostenta la potestad de convalidar anualmente los impuestos que pagará el Partido.
Mayores Contribuyentes: por qué y para qué, según la Ley
Hay dos asuntos de peso para todo municipio en las que el Poder Legislativo comparte la toma de decisión con la sociedad: el sistema tributario y el endeudamiento. Es el Concejo Deliberante quien aprueba o desaprueba en primera instancia, pero la rúbrica del aumento de las tasas, o la toma de un préstamo comunal está supeditada a la ratificación o rectificación de la «Asamblea de Mayores Contribuyentes».
Es un concepto arcaico que sobrevive en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires desde el siglo XIX. y que defiende intereses aristocráticos y su injerencia en la política de aquél entonces. Hoy está totalmente desvirtuado. Empero sigue vigente, con la capacidad de agobiar aún más los bolsillos azuleños.
“La institución constituye un resabio de los privilegios que estableció la Constitución de 1873, que fuera mantenido por la de 1889, reformulada por la reforma de 1934, y no fuera eliminada por la de 1994″, sintetiza Ricardo Paso, ex concejal de la UCR Trenque Lauquen, y especialista en asuntos municipales. «Dicho privilegio consistía en dar voz y voto, en cuestiones que hacían a las finanzas de los municipios a las personas más acaudaladas que habitaban en el mismo”.
La lista de Mayores Contribuyentes se actualiza anualmente mediante un complejo mecanismo previsto en la Ley Orgánica de las Municipalidades. Quienes resultan designados titulares, son convocados a sesiones especiales para tratar aumento de tasas o autorizaciones de empréstitos, lo que no ocurre todos los años.
Los “mayores contribuyentes” son inscriptos en lista especial todos los años por las fuerzas políticas con representación en el deliberativo, guardando la misma proporción de cada bloque. No tiene vigencia ningún recaudo de carácter económico, por lo que han dejado de ser “mayores contribuyentes” sino adherentes a los partidos políticos que los convocan.
En la práctica, la Asamblea no pasa de un Concejo Deliberante “duplicado». No existen muchos registros de votaciones diferentes a las registradas en ocasión de aprobarse las preparatorias. Ello quiere decir que si una ordenanza preparatoria de naturaleza impositiva resultó aprobada, por ejemplo, por diez votos a favor, seguramente obtendrá veinte en la Asamblea.
Ricardo Paso insiste que se trata de una figura arcaica, aunque blindada por el sustento de la Constitución de la Provincia y la Ley Orgánica de las Municipalidades. Se excluyen a las personas jurídicas de su integración y es carga pública para los designados. Figura destinada a que los grandes terratenientes pudieran controlar nuevos tributos o aumentos importantes que afectaran su patrimonio. Hoy quien paga algún tributo municipal se encuentra en condiciones de ser mayor contribuyente”.
Entre especialistas comunales madura una crítica consensuada a la equiparación de los mayores contribuyentes con los representantes del pueblo. Apelan a que la Asamblea afecta el principio de igualdad, debido a que se pone en un pie de igualdad a quienes fueron electos en forma directa en comicios, con aquellos que fueron propuestos por cada uno de los bloques del Departamento Deliberativo, de la nómina elevada por el Departamento Ejecutivo. Desde este rechazo se justifica la cruzada por abolir esta institución en una futura reforma constitucional de la provincia.
Y sin embargo, con la última reforma constitucional de 1994 se perdió la oportunidad de eliminarla o actualizar ese mecanismo institucional, auténtica rémora histórica que nació en las primeras décadas del siglo XX (al calor del mito fundante del granero del mundo), como mecanismo de defensa y, a la vez, en tanto maquinaria recaudatoria de la oligarquía ganadera.
¿Existe, entonces, una alternativa a la abolición de los Mayores Contribuyentes en el presente?
El compromiso ciudadano por la política a secas, y la aprehensión de la Asamblea como un carril directo para discutir el sistema tributario en pos del beneficio propio, que no es sino el del grueso de la comunidad dada.