El precio de vivir en la chacra asfaltada

 

En los pagos con cuerpo de estancia, el campo olfatea una de sus mayores derrotas. Se presentó como una modificación del esquema tributario actual, a efectos de incorporarse, en la Ordenanza fiscal e impositiva 2024, bajo el título de «Tasa por Servicios Esenciales». Ya obtuvo la aprobación preliminar en la última sesión del vigente cuerpo deliberante; de ratificarse primero por voto de la Asamblea de Mayores Contribuyentes, sentaría la base de una reforma tributaria progresiva en el Partido de Azul. Declaman sus objetivos, que el impuesto garantiza servicios y prestaciones vitales de mano municipal, con la meta de redistribuir las riquezas concentradas en el corazón de las pampas. La dirigencia rural denuncia un «atropello de dos gobiernos» contra el sector.  Lo llaman «impuestazo». Puede significarles un aporte adicional cercano a los 2.500 millones de pesos por año. La mayor movilización agropecuaria desde la épica de la resolución 125 en 2008, no fue capaz de evitarlo: la ordenanza duele entre productores como si Cobos hubiera dicho entonces «mi voto es positivo».

Implantar una lógica redistributiva en los impuestos azuleños, ocupa, en el modelo de Municipio de Nelson Sombra, un protagónico crucial no sólo en el plano económico, porque sería desconocer la carga simbólica de la decisión política. La idea y la coyuntura, esto es, advertir las condiciones políticas necesarias para que se apruebe tal ordenanza, justificarían la celeridad de su pacto legislativo con el gobierno de Hernán Bertellys. Estaban las garantías del Ejecutivo, estaba la firma de Agustín Carús (Secretario de Hacienda y Administración que mantendría su cargo), y restaba la última jornada del CD actual donde la supremacía es peronista.

Es inusitado el camino de la ordenanza tejida en pleno traspaso de mando, hasta ser la causa de dos puebladas antagónicas que disputan su existencia y sus sentidos en el Palacio municipal. Comprender los efectos del revés legislativo para el poder agropecuario, implica desandar la consolidación del mismo como clase dominante del territorio azuleño. Por su parte, ejercicio similar connleva el revisionismo sobre las tasas municipales, con énfasis en la persistencia de la «Cuota 13» del Bertellysmo. Contraponer lo recaudado a las obras terminadas y los servicios garantizados por la Comuna.

Pero el Azul del presente, gambeteador de la quiebra y sus múltiples emergencias, con Nación servida al privado, la meritocracia y el libre mercado, exige una marca personal contra la potencial ordenanza. Para que el precio de vivir en la chacra asfaltada, mientras se combate la deuda de 3 mil millones de pesos, y se proyecta el Azul del bicentenario, no sea un pagaré del pueblo para que la pague el patrón.

 

 

 

Un castigo para el campo, o una tributación más justa

 

Se estima que en el Partido de Azul hay unas 640.000 hectáreas para 1.200 productores. Las 20.000 hectáreas que no están sombreadas por el campo, simbolizan propiedades del casco urbano. Al interior de este cuerpo de estancia, la Tasa por Servicios Esenciales vendría a equiparar desde la ampliación; que el aporte de los contribuyentes se condiga con el total de sectores productivos del territorio, y no que presione con exclusividad a los propietarios situados en el planeamiento urbano.Una nueva tasa fiscal equivalente al valor de un litro de gasoil por hectárea, que así era argumentada en el proyecto de ordenanza:

«La lectura integral de las ordenanzas fiscal e impositiva debe reflejar un esquema tributario que garantice racionalidad, equidad y progresividad respecto de la capacidad contributiva de los diferentes sectores de contribuyentes y, además, debe asegurar el ingreso de los recursos necesarios para la prestación de los servicios; el funcionamiento de las diferentes áreas municipales y, fundamentalmente, el de las instituciones municipales que prestan servicios de salud y el de aquellas que garantizan derechos a las infancias, a los adultos mayores, a las personas con discapacidad y a las juventudes a través de la Educación, el Deporte y la Cultura».

(…) «Para garantizar la prestación de los Servicios Esenciales -salud, educación, deporte, inclusión de la discapacidad, cultura, esparcimiento y transporte y los servicios de ornato y señalética de calles, mantenimiento y conservación de plazas, paseos, parques infantiles- es necesario ampliar la base de contribuyentes distribuyendo de manera equitativa y progresiva el peso de la carga tributaria, aspirando, además, a mejorar el índice de cobrabilidad en cada una de ellas».

Exceptuando la enumeración de aquellos servicios esenciales por garantizar, la oposición encuentra fundamentos en que el impuesto precede a la gestión del presupuesto, en consecuencia, la medida al nuevo gobierno, y explica así la incapacidad del Sombrismo para especificar sus potenicales prestaciones. Sin que exista información oficial del nuevo gobierno al respecto, quien revelara presuntas obras por intermedio de la Tasa fue Alejandro Vieyra, en oportunidad de argumentar su voto a favor del impuesto. Fruto de «conversaciones con el intendente Nelson Sombra», el ex jefe de gobierno aseveró que su fuerza, Nuevo Azul, adhiere al impuesto porque le permitirá impulsar una serie de iniciativas propias, tales como «un hospital veterinario», la puesta en valor de la Escuela Albergue de Cacharí, o hasta «el saneamiento del basurero a cielo abierto» que recorre el paseo de la Costanera Norte.

Otro sello distintivo de la Tasa por Servicios Esenciales, es el mecanismo de regulación con base en el valor del gasoil. El sombrismo postula que no es «un litro de combustible lineal para todos», sino que la presión se reparte en concordancia con el esquema de la Tasa de Red Vial. La famosa «segmentación»,  determina que el impuesto a pagar por los frentistas está determinado por el lugar que ocupa, no en el casco urbano, sino en la escala de valor inmobiliario:

El equivalente de 1 litro de gasoil para aquellos inmuebles pertenecientes a la segmentación a) de la tasa urbana (inmuebles de menor valuación fiscal = 70% de los inmuebles edificados);

El equivalente a 1 litro y medio de gasoil para aquellos inmuebles pertenecientes a la segmentación b) de la tasa urbana (inmuebles de valuación fiscal media = 26% de los inmuebles edificados);

El equivalente a 2 litros de gasoil, aquellos pertenecientes a la segmentación c) de la tasa urbana, que representan al 4% de la totalidad de los inmuebles edificados». El valor equivalente a 1 litro contempla por igual a los inmuebles urbanos de Cacharí, Chillar y 16 de Julio.

 

Para los inmuebles rurales la fórmula presiona distinto. Sobre las hectáreas agropecuarias, donde rige la Tasa Vial, el aporte adicional también se ordena a través de la segmentación específica, en ocasión del territorio según la capacidad productiva de cada suelo:

  • Zona Norte: ½ litro por hectárea

  • Zona Centro: ¾ litro por hectárea

  • Zona Sur: 1 litro

En resumen: a través de la valuación fiscal, la segmentación repartiría en tres partes las características inmobiliarias. El primer segmento comprende casi 19.000 hogares, y es el que va a tener un aumento de hasta el 40%. En simultáneo, existirían hogares por fuera del aumento aunque no así de la tasa esencial. Sobre el segundo segmento, compuesto por aproximadamente 7.800 hogares, cabría un aumento de hasta el 60%, según la valuación de la vivienda. Y respecto al tercer segmento, que es el minoritario, involucra unas 870 viviendas constituyendo el 4% de la población, a las que les aguardaría un aumento de hasta el 120%.

Otra disputa clave sobre las modificaciones «preaprobadas» en el Legislativo, orbita sobre los topes de incremento para las tasas, o topes al precio del gasoil, recurso de peso en la coyuntura macro-económica y política acusiante. En el despacho por mayoría se establece que: «para determinar los importes mínimos y los topes de incrementos, se segmentará en tercios el universo de contribuyentes, en función de las valuaciones fiscales vigentes al momento de la sanción de la presente ordenanza». La carga tributaria contempla otra amortiguación de los coletazos monetarios, donde los topes no podrán superar un incremento del 30% en el segundo trimestre de 2024; 60% en el tercer trimestre, y 90% en el cuarto, tomando como base «el valor inicial utilizado para la primera liquidación». Aquellos productores ganaderos afectados por la sequía – asterisco en beneficio del ámbito rural – podrán acceder al régimen de exenciones.

Con la aprobación preliminar del Concejo Deliberante, la Tasa por Servicios Esenciales sería tratada el próximo 5 de diciembre a las 10 horas en el recinto. En esa última instancia, debe encontrar la ratificación por parte de Asamblea de Mayores Contribuyentes para convertirse en ordenanza. El aporte adicional le supondría al gobierno de Sombra una reudación cercana a los 3 mil millones al año, cifra que es negada desde UxP por los índices de cobrabilidad – cercano al 56%-, y por la segmentación a aplicar.

Los cálculos del sector rural, apuntan hacia otros números: la nueva imposición captaría entre el 20 y el 40 por ciento de la renta del productor, de acuerdo a su nivel de producción donde el trigo y la soja ocupan el 72% de la superficie agrícola, y el 76% de lo producido  – estiman los productores – queda en manos del Estado.

 

Impuestazo, las pelotas

En principio, la contraofensiva del campo discute numerosas estrategias, que van de la presentación de un «recurso de amparo masivo», o la conjugación de un corte en ruta 3 con el llamado a declararse en «rebeldía fiscal».

Así lo figuró el presidente de la Sociedad Rural de Azul, Héctor Moreno, horas después del voto positivo en el recinto: “La presión impositiva es aberrante. Acaba de ganar un gobierno que dice todo lo contrario, y a nivel local nos meten un impuestazo que lo dibujan de Tasa. Hasta el mismo (Sergio) Massa decía que había que bajar impuestos. Ellos – por el gobierno de Sombra – dicen un litro de gasoil por hectárea por mes, pero es una fortuna. Es mucha plata… Sobre todo para las explotaciones ganaderas”.

El dirigente del campo azuleño extendió el estado de alerta a la comunidad: «A toda la gente de Azul también los afecta. Porque es dos litros de gasoil por frentista, y porque va a un Estado que no se caracteriza por manejar bien los recursos y terminan con déficit». Sincera para Infocielo sentirse quejoso, ante estos cambios impositivos que se impulsan sin conocerse el nuevo Presupuesto. “No está», jura el presidente de la Rural azulada. «Te meten un impuesto pero no tienen idea a donde va a ir eso. Desde el punto de vista legal es muy flojito. Votan una tasa por servicios esenciales como salud, deporte, educación, infraestructura… Está completamente alejado del concepto de Tasa que implica una contraprestación específica».

Moreno adelantó que planean conformar «una suerte de Mesa de Enlace Local», entre la Rural y las entidades agropecuarias que acompañaron la denuncia. Adhieren a la medida las filiales Parish y Cacharí de la Federación Agraria Argentina (FAA); la Confederación Intercoperativa Agropecuaria (CONINAGRO), y  su par representativa de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), con la escolta del empresariado local nucleado en el Centro Empresario de Azul (CEDA). En principio, esta nueva mesa de enlace azuleña se daría con el equipo jurídico de la CARBAP, en búsqueda de asesoramiento legal. Por delante imaginan acciones complementarias, capaces de frenar la aprobación de la Tasa 2024. Movilizarse a la ruta 3 para enfrentar esta situación impositiva es una opción, ante el impuestazo que se cargaría hasta 250 mil pesos mensuales en determinados contribuyentes del sector agropecuario.

Infocielo habría accedido a un documento titulado Manifiesto, elaborado durante aquella asamblea en las vísperas del 21N, en el que «la Mesa» enuncia algunas de estas ideas para su plan de acción: «Presentar un recurso de amparo colectivo… Intentar derogar la ordenanza con la nueva conformación del consejo deliberante…Promover acciones legales… Rebelión fiscal…»

 

Más cerca de que pague la chacra asfaltada

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«Incorporamos al inmueble rural para sostener el transporte público, la cultura, la educación y la salud de Azul». A la aprobación preliminar de la Tasa, y al valor añadido de blindarse de los impactos libertarios, Sombra dedicó una conferencia el pasado jueves. El salón cultural de Azul fue escenario de su primera aparición pública post sesión del 21N, «para llevar claridad y tranquilidad a la mayoría de los vecinos de Azul respecto a varias cuestiones».

«La que hemos dado es una discusión que ya lleva mucho tiempo, la cual el año pasado – con esta misma conformación- se trató en el Concejo Deliberante y fue desaprobada», rememoró el intendente electo. «Eso es parte del juego democrático en el cual uno puede ganar o perder, se puede interpretar mejor o peor una propuesta, y que siempre tiene que ver con las coyunturas históricas que va viviendo la comunidad». En ese sentido, recordó que la actual conformación del CD «ya estaba al tanto de esta propuesta desde hace un año», y que en el juego «se ha ganado por mayoría la implementación de esta nueva matriz tributaria».

Bajo la máxima de «una tributación más equitativa entre el universo de contribuyentes», Sombra ponderó los nuevos fondos para atender los servicios de la comunidad: «Nosotros venimos evaluando que esta matriz desde hace mucho tiempo no ha dado las resultantes que la comunidad pide a través de servicios. Eso es más que evidente y no es un problema de esta gestión que termina ni tampoco de la anterior, sino que es una acumulación de distintas inacciones que no se han corregido a lo largo del tiempo para poder tener una ciudad que preste servicios y que se desarrolle. De esta manera hemos llegado a un Azul sin servicios, endeudado y sin posibilidades de poder progresar».

Sombra se refirió a la batalla cultural que agrietó puebladas la tarde del martes 21, pero eligió hacerlo desde la crítica a las diversas acusaciones que provenían del Campo y la oposición:

«Hace un año que lo venimos planteando. Por eso digo la mala intención de desinformar generando zozobra. No juzgo ni critico los intereses de ninguno de los sectores pero insisto en que se planteó el año pasado con la misma conformación, tuvieron un año para discutirlo. Tuvimos reuniones sectoriales con las instituciones que querían sacarse duda y la Sociedad Rural nos pidieron la segmentación de la Tasa y eso está segmentado. Fue discutido y analizado y pusimos un tope ante eventuales aumento en el precio del gasoil. Si hubo tensiones es una cuestión el tiempo que las podamos subsanar».

En el afán de aplacar los desencuentros posibles, el propio Sombra le solicitó a María Inés Laurini, en calidad de presidenta del CD, que convocara a concejales actuales y entrantes a una reunión.  «Para que juntos construyan el Presupuesto – deslizó en conferencia -. Para que afecten las partidas que va a generar esta nueva Tasa Esencial por Servicios, a las distintas necesidades que tenga la comunidad».

La lógica redistributiva, las nocciones de Azul como puerto seco o centro logístico para la Provincia, son figuras recurrentes en la retórica de Sombra desde su aparición política. A semanas de iniciar su etapa como intendente, selló un pacto legislativo que, de tener éxito, le asegura el principio de la mencionada reforma. Sin embargo, al deseo lo frena en seco un Municipio deficitario, cuya deuda de 3.000 millones de pesos horroriza ante el desamparo del futuro gobierno nacional, que avisó antes de asumir el fin de la coparticipación y la obra pública.

«Pese a los recortes en las inversiones anunciados a nivel nacional por Javier Milei – disparó contra el presidente electo – la nueva partida nos va a permitir poder blindarlos con ciertos fondos que no es pagar la fiesta de nadie». «Es para atender la demanda de servicios que tiene la comunidad», jura sombra. Y exclama: «Nos sentimos orgullosos de haber podido plantear democráticamente una discusión en el Concejo Deliberante, lo cual nos pone nos pone un poquito mejor preparado para las medidas que va a tomar el gobierno nacional».

«Estamos expectantes ante las medidas del presidente electo. Somos respetuoso de la voluntad popular, pero, por lo que fue adelantando, se previene ante estas situaciones», sostuvo con la guardia alta el próxima jefe comunal. En la coyuntura y no solo en la reforma redistributiva, argumenta Sombra, se impone una revalorización  del nuevo esquema impositivo: «Cuando (Milei) manifiesta que no va a haber obra pública, y que cada intendente se va a ser cargo de poder hacerla, nos sentimos orgullosos de haber cambiado la matriz tributaria en Azul».

«Esto sí que es histórico, si ustedes recuerdan que el año anterior se aprobó una tasa urbana del 70%- es que hoy la mayoría de los hogares, o sea 19.000 hogares, van a pagar una tasa de hasta el 40%, y de manera segmentada y progresiva».

Sobrevuela al conflicto por la Tasa aquella icónica frase de Sombra, a minutos de saberse electo, y frente a la marea peronista que copaba la avenida mitre. Eligió entonces señalar la responsabilidad del campo en el estancamiento azuleño, declaración que condensa la disputa de sentidos y las maniobras políticas que promete el Sombrismo. «»No quiero escuchar más en nuestra ciudad de que esto es una chacra asfaltada; esto es una ciudad con desarrollo y lo vamos a demostrar. No tengan dudas de eso».

 

La Sesión del 21N

Hay un cordón represivo en el Municipio haciendo de grieta. Todo un surco de uniformados que separa a cientos de otros cuantos. La sesión del 21N se extenderá a lo largo de varias horas, pese a que las posturas del cuerpo están definidas. En las gradas del CD apenas ingresaron unas 50 personas, ligadas en amplio término a la facción opositora del tema central en agenda. Comparten el asfixiante recinto con organizaciones sociales, gremios y sindicatos, unidas por la aprobación del despacho por mayoría que presenta Graciela Billelo (FdT). Cerca de las cinco del martes 21, el playón concentra a sendas puebladas – la adhesora y la disidente -, de cara al debate por la ordenanza fiscal e impositiva de 2024 que seguirán por pantalla gigante.

La franja que acusa «un atropello de dos gobienos» contra el sector, responde a la convocatoria de la Sociedad Rural de Azul, a la que adhieren las filiales Parish y Cacharí de la Federación Agraria Argentina (FAA). Cuentan, desde que el proyecto tomó estado público, con el apoyo de la Confederación Intercoperativa Agropecuaria (CONINAGRO), y  su par representativa de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP). La dirigencia del sector está escoltada por representantes del empresariado local, nucleados en el Centro Empresario de Azul (CEDA). La decisión de poner el cuerpo a lo que definen como un «atropello de dos gobiernos», surgió el viernes 17 en la histórica sede de la Rural, donde 600 productores debatieron cómo frenar la inusitada ordenanza en pugna. Son quienes cuelgan una bandera Argentina en las columnas del Palacio, para que otra por debajo resalte la consigna: «IMPUESTAZO, LAS PELOTAS».

Banderas rojas y blancas flamean en disidencia, a la izquierda del cordón policial. Sobresale un trapo negro de letras blancas, que lleva la máxima del frente popular enfrentado al campo: «NO PUEDE SER QUE PAGUE TODO UN PUEBLO, PARA QUE UN PUÑADO DE OLIGARCAS SE SIGA ENRIQUECIENDO». Responden a la 1° de Octubre, movimiento olavarriense de la corriente nacional 1° de mayo, y se reparten en las diversas filas de origen local: autoconvocades, gremios y sindicatos, organizaciones de Derechos Humanos, en refuerzo de la militancia que aporta el Sombrismo. El apoyo popular terminó de cocinarse en una sesión extraordinaria de la CGT Local con el mandamás del peronismo, en días donde escuchó las correcciones de cada sector a su proyecto original. La consigna del nuevo jefe comunal fue clara: defender la reforma como una decisión política, asumiendo las esquirlas que supone la maniobra en pleno traspaso de gobierno.

Esta colisión de posicionamientos agrietados, eclipso el tema central de la última jornada legislativa de 2023. Llegado su tratamiento, la rosca divide aguas entre la postura agropecuaria – denunciante de «una nueva tasa» castigo –  y el frente intersectorial que habla de redistribuir un impuesto ya existente. El despacho por mayoría encumbraba a este grupo, y fue presentado por la concejala del FdT Graciela Bilello. Una segunda discusión estuvo atada a la especificidad o no del “hecho imponible”. En otros términos: si existe una contraprestación de servicio bien delimitada, verificable en la gestión municipal, o por el contrario, si la “vaguedad” de los servicios esenciales que se prometen es lo que impide constatarlos, y a la vez, lo que habilita la teoría del campo.

Si las imágenes de la leche derramada en las banquinas, o De Angelis arengando tractores en el acceso de Ruta 3, contribuyeron a la iconografía «del Campo» en el 2008, la puja del sector por impedir la nueva tasa municipal acumuló titulares hasta su desenlace. Por las páginas de LA NACIÓN, donde la Rural emitiera una solicitada en apoyo a la última dictadura, surgió una nota que advertía: “’Esencial’: un municipio bonaerense podría sacarle $3000 millones al campo con un nuevo impuesto». CLARÍN se expidió al día de aprobarse la ordenanza: «Productores y ciudadanos de Azul se manifiestan contra una nueva tasa municipal», titulaba el monopolio fiel a la dirigencia rural, con la tendenciosa idea de que existía un apoyo comunitario hacia el sector.

Ante estas discusiones, tomó la bandera del sector rural el concejal de Podemos Azul, Juan Louge“Me parece una barbaridad estar discutiendo la ordenanza sin tener proyectado el Presupuesto 2024. No sabemos el destino de los fondos recaudados. Vemos una imprudencia total. No se apeló al diálogo y no se aportaron datos precisos”, lamentó. Quien se encargó de presentar el despacho por minoría, también hizo lugar a la ponderación de los aportes que ya hacía el campo, a los que ejemplifico en la tarea de “marcas y señales” y el sostenimiento de «la Tasa Vial» .

El derecho a réplica le correspondío a la presidenta del CD, María Inés Laurini (FdT), tras advertir a las puebladas que, sino mermaban en la contienda verbal, continuarían a salón cerrado. Sobrevolaba una pica generada por Cristina Boubee, ganadera del pago, reivindicadora confesa de la última dictadura, e integrante de la comitiva de Alfredo de Ángelis entre 2008 y 2009. Tal como incitaba «un golpe de estado» contra la Presidencia de Cristina Kirchner, durante la sesión del 21N Boubee repitió el grito de «Memoria completa» a la coalición popular que le alzaba el puño. Tras mitigar el negacionismo, Laurini deslizó que Louge carecía de objetividad, a razón de los intereses del propinante con el sector rural: “Uno escucha a algunos concejales que parece que lo único que defienden, es su propio bolsillo”, lanzó.

Las palabras de Laurini salpicaban hacia el bloque UCR-Evolución, que en la previa presentara una moción rechazada por mayoría, tendiente a remitir ambos despachos a la comisión de presupuesto. «En años nadie cuestionó esta definición del hecho imponible y no se lo cuestionaron cuando aumentaron el 70% la tasa de servicios urbanos», avanzó la concejala en el descargo. «Aprobaron en años anteriores el ornato de calles, servicios generales municipales de cultura, educación, esparcimiento. Jamás se cuestionaron lo mal definido que estaba el hecho imponible para la Tasa Urbana”, retrucó. En la acusación de Laurini asoma un tiro por elevación a la cuota 13, o en su defecto, a los responsables políticos de la continuidad del sistema tributario promovido por el Bertellysmo.

Era de esperar, la intervención del concejal Alejandro Vieyra fue un pico de tensión capaz de cerrar grietas. Suelto de tapujos, develó «conversaciones con el intendente Nelson Sombra», y fue especifico en el destino de algunos de los fondos a recaudar como obras: “Un hospital veterinario, puesta en valor de la Escuela Albergue de Cacharí, el saneamiento del basurero a cielo abierto o el paseo de la Costanera Norte”.

Parece que el concejal Vieyra tuvo suerte y le mostraron algunas cuestiones, porque pidió un montón de cosas», le replicó su ex compañero de gobierno, el concejal  Ramiro Ortíz (PRO). «Parece que el concejal Vieyra va a consturir Disney world. No le va a alcanzar esta Tasa”, cerró.

La réplica provino de la compañera de bloque de Vieyra, la concejala Paola Ficca. Ante los centenares de presentes, la ex funcionaria de gobierno formula una denuncia: es víctima de amenazas. Expone que existió una propuesta intermedia del bloque de la UCR Evolución, liderado por Jorge Ferrarelo y Pilar Álvarez, dispuesta a devolver las modificaciones a la ordenanza a las comisiones para un mayor debate, y con la participación de los sectores de la comunidad afectados. La propuesta fue rechazada promediando la discusión, precediendo al concejal Ramiro ortíz que retomaría su descargo contra la ordenanza:“Esto así, apurado por una mayoría circunstancial que tiene el intendente electo, no va a salir muy bien”.

“Seguimos inventando tasas. ¿Cuál es el límite? Esto es confiscatorio. Aprobar estas ordenanzas es un salto al vacío», fueron los argumentos que retomó el otrora funcionario para desaprobar de cuajo el proyecto. Advirtió el concejal, que las consecuencias para el gobierno entrante serán acusiantes para la economía. «Se van a acordar cuando venga el Tribunal de Cuentas», presagió el legislador macrista.

Que“Han creado un impuesto al viento. A los molinos eólicos le crearon un impuesto, Otra Taza. Para la aprobación de la Tasa y después otra para la inspección. ¿Cuánto tiene que invertir el Municipio para inspeccionar un molino con los parámetros internacional? ¿Cómo lo inspecciona? Además es ilegal porque lo prohíbe la ley nacional de parques eólicos y acá lo crean” advirtió.

Laurini respondió desde la discrepancia, y en su rol de portavoz de la ordenanza. Venía de sostener una conferencia al respecto junto a Santiago Uriarte, actual director de Fiscalización Tributaria de la Comuna. En aquella defensa, negaron ambos que estuviera en juego una nueva Tasa – «porque se aplicaría sobre una ya existente» -, y aseveraron que las modificaciones “buscan ampliar el grupo de contribuyentes ante un aporte segmentado”, de acuerdo a la capacidad económica de cada tributario. En el cara a cara de la sesión definitoria, la presidenta del cuerpo le enrostró a Ortiz que si el código tributario incluye a la tasa es porque existe el potencial requerido. Aportó de inmediato una última refutación al «impuesto al viento» teorizado por Ortíz: “YPF Luz se presenta ante el Ejecutivo y gestiona la excepción impositiva. Extendiendo el potencial tributario tenemos la obligación de incluirlo”, justificó.

Acariciando la votación el recinto espejaba la recrudecida atmosfera del afuera, donde las parcialidades  trenzaban cánticos sin que algo haya alterado las adustas caras policiales. Un estruendo sucede a la imagen en la pantalla, y allá arriba, donde la política amasa sus leyes, hizo tronar las desidiosas maderas del Concejo: las manos alzadas dictaminaron 10 votos contra 8, a favor del modificado despacho por mayoría. La tasa por servicios esenciales, prevista en la Ordenanza Fiscal e Impositiva del próximo año, fue aprobada con los dos votos de Nuevo Azul, la suma del interbloque del Frente de Todos, y los avales de la 26 de Julio y el Peronismo para el desarrollo.

En retirada, deslizan las voces camperas que es inminente una serie de estrategias para frenar la definitiva aprobación del «impuestazo». La pueblada que celebró la Tasa como puntapié de una reforma tributaria, se piensa en pie de lucha para consagrar el codigo impulsado por Sombra. Impuestazo, y/o una tributación más justa: a la espera de la posible ratificación de los contribuyentes mayores, cabe un repaso por el Azul donde la tasa por servicios esenciales existe.

E insistir: que el precio de que el pague el patrón, no sea del pueblo de la chacra asfaltada.

 

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