A esta motosierra hubo quien la pare
De la huelga en carpa a la solución definitiva que no llegó: las claves del sindicalismo y los trabajadores municipales para superar el Decreto de Emergencia de Nelson Sombra.
La negativa al trabajador municipal como variable de la motosierra difuminó, desde el vamos, la grieta entre las partes que se arroban su representación. Hubo quórum inmediato en repudiar «las medidas de emergencia». En caratular al decreto como una decisión unilateral e ilegal del Ejecutivo. En judicializarlo hasta verlo caer. El decretazo de Nelson Sombra edificó, indignación mediante, el rechazo unánime de los sindicatos al programa de ajuste anunciado.
Es cierto que emergieron diferencias en los métodos que cada gremio dispuso para voltear de raíz el – todavía vigente – Decreto 1614/2024. Que los contrapuntos entre sus afiliados asomaron a lo largo de las primeras audiencias en el Ministerio de Trabajo, el acatamiento de las retenciones de tareas en áreas «no esenciales», o en el acompañamiento de las movilizaciones que coparon las escalinatas del Palacio. Fue en esa quinta audiencia a fines de septiembre, cuando desde el entorno del intendente deslizaron que si el fallo judicial venía en contra, el próximo paso implicaba no pagar los sueldos. El revés pegó a los trabajadores afectados, desbordó la estoicidad de los gremios, y el STMA dictaminó el primer paro total contra el Gobierno de Sombra.
La agrupación encabezada por Luciano Varela extendería la medida de fuerza por 72 horas, desde el lunes 23 hasta las 11 AM del jueves 26. El sindicato de mayor filiación comunal había presentado un amparo colectivo, más una medida cautelar – con base en el Juzgado Civil y Comercial N°1 -, mientras sus afiliades sostenían la retención de tareas en áreas «no esenciales» dentro de la Comuna. Los trabajadores nucleados en ATE acompañaron parcialmente, extendiendo la huelga por dos días.
La noche del martes 24, producto de la quinta audiencia entre Municpio y los tres sindicatos comunales, la delegación local del Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria, en la misma misiva que instaba a levantar las medidas de fuerza, y fijaba el 1° de octubre para el encuentro impostergable. «Con la conciliación no se está dejando sin efecto el decreto», alertaba Roberto D’Avila, subsecretario Técnico y Legal de la Comuna, superados los tres días de la fecha límite. Era el preanuncio de que el Ejecutivo no apagaría la motosierra en octubre.
Con la llegada del mes de las revoluciones, los 816 empleados municipales que vieron reducidas sus 48 horas a 40, se encontraron con el sueldo rebanado a dicho tope impartido por el decretazo. Sin embargo, antes de que muriera el miércoles 9, del propio Nelson Sombra llegaba la confirmación de que el Municipio devolvía los porcentuales recortados de los sueldos de septiembre.
¿Qué pudo romper la innegociable defensa del ajuste? El peso de un dictamen del Ministerio del Trabajo, y la presión de un veredón municipal copado por tres blancas carpas, como el corolario de la fuerza sindical organizada. El acampe duró lo que la demora del reintegro salarial: una vez depositada la paga retenida por el decreto – un estimado de $136.000.000 de pesos, de acuerdo al cálculo sombrista -, los municipales desactivaron las trincheras temporales sobre el playón.
Las partes en pugna avanzaron protocolarmente con la sexta y séptima audiencia en la delegación de la cartera laboral bonaerense. Por mutuo acuerdo en la última confrontación, acordaron que la tregua innegociable se prorrogara hasta el miércoles 23, sin alterar, en lo que durarara el impasse, las respectivas estrategias de rechazo y de blindaje en torno al ajuste.
Nada cambió con la octava y última audiencia. Extinta la conciliación obligatoria, y con el Juzgado Contencioso Administrativo N°1 rechazando la cautelar gremialista (y en consecuencia, la modalidad de pago de las 48 horas), los sindicatos reconsideraron los métodos de fuerza, y el Sombrismo ratificó que el decreto impondrá sus recortes más allá de diciembre.
Sin embargo, entre el hermetismo de los funcionarios y la ratificación judicial, una inyección salvadora del ministerio de economía bonaerense hizo que el Municipio saliera a anunciar, que los sueldos y el aguinaldo del último bimestre son una realidad a pagar en cuotas.
Ante la promesa de reabrir paritarias a partir de este viernes 6, es total la incertidumbre de que sin el trabajador como variable de ajuste, el Municipio tenga las herramientas para sortear por otros carriles la emergencia. En el medio, centenares de municipales que fueron apuntados por los dientes de sierra (y aún pueden engrosar, en 2025, los millares de despedidos en el Estado a pedir de Milei), celebran una serie de conquistas contra un impensado aprendíz del Presidente.
«Listas negras» y un Municipio «descolocado financieramente»: la previa al salvataje financiero de Provincia
Hubo otras medidas del Gobierno, ajenas al decreto pero no a garantizar su curso, que situadas en la coyuntura pierden su presunta voluntad de «optimizar gastos» del Estado con el desplazamiento de agentes ineficientes. La referencia es para las planillas de asistencia impartidas por Recursos Humanos desde el 7 de octubre, cuya firma reviste – sin excepción alguna – un carácter obligatorio para todos los trabajadores municipales.
El memorandum emitido por la cartera que conduce David Torres dispuso un sistema de control de registro diario, e instruye a secretarios, subsecretarios y directores de área a implementarlo «con el fin de asegurar el cumplimiento estricto de las responsabilidades laborales». Al seguimiento cotidiano se le agrega un informa semanal que detalla las inasistencias, llegadas tarde y otras observaciones pretinentes sobre «cumplimiento de tareas y actitudades laborales» del trabajador comunal. La última medida del sistema refiere a «controles aleatorios e inspecciones sorpresa», realizados por personal de Recursos humanos en fecha y horario no anunciados previamente.
En los casos donde el área de Torres detecte irregularidades o incumplimientos, habrá castigo: el empleado sancionado queda sujeto «a los descuentos y medidas correctivas que eventualmente pudieran corresponder», en nombre de «la transparencia, eficiencia y un mejor funcionamiento general del municipio».»Se han elaborado listas negras con el fin de aplicar mayores descuentos a aquellos que protestan por la situación, un acto que el sindicato considera una clara persecución política y laboral», disparó sin vuelta Luciano Varela tras conocerse el memorandum, a través de un comunicado del STMA lanzado por Facebook.
Las listas de presentismo dan entidad a esa hipótesis en la que el Intendente no deja otra salida a los trabajadores municipales, más que el acompañamiento forzado a los ajustes sobre ellos mismos. En detrimento de una bandera blanca, las planillas sentaron la intención manifiesta de una deep motosierra. Y no son el único macartismo que el Ejecutivo diseminó sobre el Palacio.
El STMA expone que el memorando también decreta una «reorganización del personal para cubrir áreas diversas», solapando «la imposición de aceptar condiciones laborales precarias bajo amenaza de nuevos recortes salariales. En el gremio varelista vinculan a este recurso persecutorio con desplazamientos de personal de jefatura de áreas a dependencias ajenas. Entre esos casos, la mayor alarma resuena con profesionales de primera línea del Hospital Pintos que fueron forzados a intercambiar lugares con administrativos, poniendo en jaque una atención tan sensible e imprescindible como la guardia extrema.
«Nadie discute que estén bien o mal, porque las planillas tendrían que haber existido siempre», consentiría el secretario del gremio por otro lado, durante la 7° audiencia en el Ministerio de Trabajo. «Lo que no sé – soslayó «Chicho» Varela – es por qué aparecieron estos cuestionamientos en medio del conflicto, porque no tienen nada que ver con el término final de esta cuestión, que es la baja salarial que sufrieron los trabajadores».
La hipótesis de caza de brujas también aflora con la contradicción de que el Municipio adopte las mismas prácticas que repudia; toda vez que cercena el derecho a huelga que otorgara a principio de año, bajo el decreto 85, para que los municipales azuleños reclamaran contra el Presidente que gobierna por decreto. «Este ejecutivo de peronista no tiene nada; son los mejores alumnos de Milei en la provincia y están haciendo los deberes bien, muy bien», acusaba en otros de sus párrafos la gacetilla del STMA.
Qué se hizo para frenar el decretazo (y las luchas pendientes)
Sea que gestione con el mandato del ajuste, o que ceda a recomponer las horas recortadas, el cálculo al que arribaron en las cúpulas sindicales era uno: las cuentas al sombrismo – por sí sólo – no le cierran, independendientemente de que procurase saldarlas con la gente adentro o afuera. Entonces, como dicta el manual de socorro municipal, la esperanza yacía en la contribución del ministerio de Economía bonaerense.
En la octava audiencia, de boca del sub secretario Legal y Técnico, y por cuenta del secretario de Recursos Humanos de la Comuna, los tres gremios escucharon que «el intendente está tratando de conseguir fondos (en Provincia) para poder pagar los salarios». Pese a que el funcionario municipal no se expidió sobre esa tratativa en el acta rubricada del ministerio laboral, el secretario de Gobierno, Ignacio Pallía, confió a las cúpulas sindicales la intención del Gobierno de «pagar la diferencia de las 40 horas». En aquella reunión del viernes 15 de noviembre, Pallía sinceró el monto colosal que Azul le solicitara a la cartera económica de Kicillof.
«Les estarían faltando alrededor de $1.072 millones de pesos para pagar la diferencia salarial, lo cual están tratando de gestionar ante el Ministerio de Economía bonaerense, porque eso es lo que necesitan para el salario de diciembre que viene con el aguinaldo», develaría Eduardo Bercovich a los días del encuentro con Pallía. «El tema es que están gestionando y la plata todavía no aparece», lamentó en una entrevista para El Tiempo.
Los mil millones arribaron poco antes de la mañana del lunes 25 de noviembre, cuando las redes oficiales de la Municipalidad anunciaron con parquedad «el pago complementario a los trabajadores municipales, en cumplimiento a lo resuelto por el Ministerio de Trabajo, y en el marco de la conciliación obligatoria». El austero comunicado arrobaba el mérito antes al «esfuerzo económico del Ejecutivo», que a la retención de tareas reactivada por ATE y SOEMPA, y a la chance latente de que el STMA sumará fuerzas camino al paro total. En esa reescritura de la realidad, la gacetilla ponderaba que la medida se llevó adelante «atendiendo la situación general del mercado interno, ya que el dinero que implica se verá reflejado en la dinámica económica local». La omisión a la inexorable banca económica de Provincia, y la desinformación sobre otros asuntos nodales para los trabajadores fueron totales. El intendente aguardó hasta la reunión del viernes 29 con las cúpulas sindicales para sincerar el futuro inmediato del empleado municipal.
Primero STMA, luego SOEMPA y por último ATE salieron del despacho de Sombra tras haber pactado con el Ejecutivo una serie de puntos inquebrantables, que se desprenden de un comunicado emitido por el gremio de Varela:
1) Mientras persista la emergencia declarada, los trabajadores a los que se les recortó el salario cobrarán – a través de una garantía salarial y el mismo día que la liquidación -, el monto percibido con anterioridad al decreto.
2) El aguinaldo se va a cobrar en tiempo y forma, depositándose el viernes 20 de diciembre.
3) 60 trabajadores obtendrán el pase a planta permanente a partir del 1° de enero de 2025.
4) Esa jornada también se hará efectiva la categoría para los trabajadores promovidos en la última junta de calificaciónes y ascensos.
5) Para evitar traslados de personal de forma injustificada, quedan suspendidos los articulados de disponibilidad del decreto de emergencia.
6) El viernes 6 de diciembre se reabre la discusión salarial con los gremios.
Sueldo de 48 horas, pase a planta, promociones, aguinaldo y paritarias. Los efectos regresivos retrotraídos a los niveles previos al 1° de septiembre. El auténtico saldo a favor para los comunales en la puja alrededor del decretazo contrasta con el horizonte de la motosierra, tan incierto como las capacidades de Provincia (y la modesta recaudación de la Comuna) para contener la colosal crisis azuleña, bajo el juramento de abandonar al trabajador como variable de ajuste.
Habrá cedido el mandatario a rebanar salarios, más no renunció a otro de los pilares del programa de emergencia como la premisa de «reorganización de personal». Dicho por la gacetilla del STMA, una vez concluída la firma de los seis puntos, el intendente les confió la voluntad de «trabajar en la reorganización de algunas cuestiones municipales, en el sinceramiento de algunas áreas con sus cargas horarias, y en otros ítems más que se van a conversar en una mesa de trabajo». En el preámbulo de la extensa reunión, cuenta el parte sindical, estuvieron los justificativos a la continuidad de la reorganización: «Los números del municipio, la difícil situación económica después de las asfixiantes medidas del gobierno nacional – que llevan a una situación límite las Arcas municipales -, y a su vez, que el propio intendente haya expresado cuáles son sus ideas sobre el funcionamiento municipal y de los trabajadores”.
Se abre un periodo de guerra fría en donde el sombrismo dispone del próximo turno. Del otro lado del tablero las piezas ratifican al únisono su predisposición al diálogo, en tanto exista la voluntad de sostener la paga que el decretazo se llevó. A decir de Ruben Rodríguez, en el remate de una improvisada conferencia de la trinidad sindical para El Tiempo: «En una situación de crisis y ahogamiento financiero como la que plantea el intendente, de ninguna manera un acuerdo político puede sostenerse por sobre el salario de un trabajador». Si la conciliación consensuada implica, por parte del sindicalismo, abandonar las medidas de fuerza en favor de una mesa técnica, cabe preguntarse cuál será la cobertura para que el plan de contigencia de Sombra avance «sin que se pierdan derechos adquiridos y dentro del marco de la ley», como sentencia el último comunicado del STMA.
La continuidad del decreto hasta el 1° de marzo depende antes del sinceramiento del organigrama – en la cantidad de funcionarios y su real operatividad – y el éxito de las Tasas, que de la reducción del déficit de ciertas cargas horarias. A la espera del resultado que obtengan el presupuesto y la ordenanza impositiva en el Concejo Deliberante (a debatirse este jueves 12 en horas de la tarde); ¿alcanza con reducir viáticos, quitar horas extras e implorar que se consolide la mayor cantidad de deuda posible?¿Existe otro plan contra la crisis más allá de lo que baje de Provincia?
Sindicatos y trabajadores entienden que aún con todo lo recuperado, la lucha sólo termina cuando la crisis los exima. Todavía los azota el rumor desolador de que 250 trabajadores pudieron perder su puesto a lo largo de octubre. Y no hay otro dato más cruel y alarmante que el daño que la motosierra viene causando a los bolsillos estatales: alrededor del 50 % de los ingresos de un empleado municipal se lo llevan los impuestazos, sin contar alquiler de vivienda.
En ese horizonte difuso y sombrío, la motosierra de Azul avanza. Frente a ella, los trabajadores no cederán un paeso más.