La última condena del genocida azuleño

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(Crónica originalmente publicada el 1° de junio)

Por: Francisco Blando (Director de Azul Hasta El Estallido)

El anciano se ubica frente a la webcam, dispuesto a la ceremonia de negarlo todo: las víctimas desaparecidas, los crímenes imprescriptibles, las pruebas inobjetables. Todo cuanto lo señala como uno de los ideólogos y ejecutores materiales de la mayor red de tortura y desaparición del país, durante el Terror iniciado el 24 de marzo del 76′: el Circuito que diseñó junto a Juan Alberto Camps, jefe supremo de la Policía Bonaerense. 

Nunca aclara que es azuleño, nacido en el Villa Piazza de 1929. Jamás trascendió el impulso detrás de su carrera policial; poco o nada se sabe del camino de «Miguelito» – así le nombraban en el comedor del barrio industrial – hasta convertirse en la mano derecha de Camps, en tanto Director de Investigaciones de la Fuerza (DIPBA) desde el 5 de mayo del 76′ hasta el 28 de febrero del 79′.

Investigó, secuestró, torturó y desapareció cerca de 2.000 detenides en los 29 centros clandestinos del Circuito, repartidos en La Plata y nueve partidos del AMBA. Fue el cerebro y el pincel de la oscuridad desatada en «La Noche de las Lápices».

Por tales delitos de lesa humanidad, son ocho las perpetuas en su contra. La novena condena está pronta al caer, en este mayo de 2022, por intervención del Tribunal Oral Federal (TOF) N°1 de La Plata. 

«Yo no maté», asevera, no obstante, frente al tribunal que considera inconstitucional para juzgar su presunta defensa nacional en la Dictadura más sangrienta. «Yo batí en combate, que es distinto». Sostiene que «defendió las instituciones» durante «una guerra donde todo tuvo un motivo». Pide ser juzgado «por la Justicia Militar de aquél momento». Tras sus manos dispuestas para el rezo se distingue una imponente cruz de plata. «Yo respondí a la agresión con el personal que tenía», refuerza el verdugo a los dos demonios, que supo teorizar en su único libro titulado «La otra campana del Nunca Más».

El hijo de Manuel Etchecolatz y de Martina Santillán toma el crucifijo, se piensa una vez más uniformado, y lamenta la muerte de «muchos de los nuestros»,  aunque no las de «muchos jovenes equivocados o mal orientados» que componían el frente enemigo de la Patria. Negado a prestar la última indagatoria previa al fallo, perfila a la cámara esa mírada frívola que lleva por sello, antes de una sentencia final dedicada a las autoridades del TOF: “¿ustedes creen – que estarían ahí, de haber triunfado los jóvenes idealistas que pretendían tomarlo todo? Serían fusilados por ser integrantes de la burguesía, y el que habla también”.

Semanas después, ubicado frente a la webcam, y a minutos de escuchar el veredicto, se pone de pie y muestra, colgado de su cuello, un cartel blanco que reza: «Señor Jesús, si me condenan es por haber defendido tu causa». El Dios de Miguél Osvaldo Etchecolatz ha de coincidir con sus métodos para proteger tal propósito, porque hizo la veñia ante «el sacrificio» – esa novena condena a carcel de por vida -, para premiarle, una vez más, con la recompensa de esperar su muerte en el dulce hogar.

La última condena 

Primera mañana del 13 de Mayo. La webcam del TOF N°1 de La Plata debiera transmitir imagen desde el penal de Campo de Mayo. En una de sus celdas exhibiría al acusado, junto a Julio César Garachico, de la privación ilegítima y de los tormentos ejercidos sobre siete víctimas del CCD «Pozo de Arana», perteneciente al Circuito Camps. Sin embargo, Garachico gozará el fallo en prisión domiciliaria, y su siniestro superior lo hará desde el sanatorio Estrada de Merlo, a causa de una serie de episodios febriles, mareos y vómitos.

Además de los secuestros y las torturas sin límites, el Tribunal – compuesto por los jueces Andrés Basso, José Michilini y Alejandro Esmoris – les atribuye el asesinato de cuatro de las víctimas en la mazmorra platense que funcionó, entre el 76′ y el 77′, en la Delegación Cuatrerismo de la Bonaerense ubicada en 137 y 640. Allí picanearon a les supervivientes Guillermo Cano y Alejandro Sánchez. Allí vejaron, violaron y borraron la existencia de Patricia Dell Orto, Ambrosio De Marco, Norberto Rodas y Francisco López Montaner, uno de les pibes de La Noche de los Lápices. Allí desaparecieron (por primera vez) a Jorge Julio López. 

Nunca creyó el verdugo que una de sus víctimas detallaría magistralmente, con sus dibujos y su oralidad, cómo se desataban tormentos y se impartía la muerte en las Comisarías 5° y 9° de La Plata, Cuatrerismo y Arana. El albañil, militante del Peronismo revolucionario en Los Hornos, lo hizo por primera vez el 7 de julio de 1999, en los Juicios por la Verdad. Lo haría por última vez el 20 de junio de 2006, en la Causa Etchecolatz: frenada por las Leyes de impunidad y retomada post nulidad de las mismas, tuvo al verdugo como único imputado por el secuestro y los tormentos contra López, Dell Orto, De Marco y otras cinco víctimas de los grupos de tareas del Director de la DIPBA. 

Las verdades memoriosas de Julio lo convirtieron en el máximo artífice de aquella, la primera condena de Etchecolatz a perpetua en carcel común, y, en paralelo, la primera vez en la Argentina que un tribunal enmarcó crimenes de la Dictatura como «delitos de Lesa Humanidad cometidos en el marco de un Genocidio». La víctima vociferó verdad con su verdugo frente a él, escribiendo su nombre en un papel. Dos meses y medio después, el mismo día que procederían a leer la condena de Etchecolatz, comenzamos a preguntarnos: ¿dónde está López? Nunca llegó a saberlo, pero tales verdades impondrían por igual la novena condena contra el máximo responsable de su doble desaparición. 

Es que las cuatro declaraciones del albañil militante en la causa Etchecolatz – donde también figuraban como víctimas Dell Orto y De Marco -, compusieron el sustento probatorio de cómo se planificó y se ejecutó el terror sobre las víctimas del Juicio Garachico. Aunque el ex Director de Inteligencia de la Bonaerense llegó acusado, puntualmente, de los secuestros y tormentos sobre Norberto Rodas y Alejandro Sánchez, incluyendo el homicidio del último.

En sintonía con las demás víctimas del Juicio, ambos crímenes ocurrieron entre fines de octubre y principios de noviembre de 1976. López había sindicado a Etchecolatz como el jefe del operativo de su secuestro, y a Garachico como quien daba las órdenes al grupo de «picaneadores». Ahora, Jorge Julio está sentado en la primera fila del TOF N°1, junto a «Panchito» López Muntaner y el resto de las existencias extinguidas en la Brigada de San Justo.

Ante la presencia de un centenar de familiares de las víctimas, organismos de Derechos Humanos, y medios militantes de la Memoria, el fiscal auxiliar, Juan Martín Nogueira, inicia su alegato. «Está absolutamente acreditada la participación de Etchecolatz en los delitos investigados», soslaya categóricamente. Define la participación del genocida azuleño como «omnicomprensiva, omnipresente sobre cada acontecimiento del Circuito Camps»; para Nogueira no fue sólo «el hombre detrás del escritorio», de ideación y transmisión de órdenes, sino que participó en todos los eslabones del accionar represivo: «atrás, en el medio, adelante».

Remarca el representante del Ministerio Público, que Etchecolatz fue participante «activo en el aparato represivo, tuvo iniciativa propia, participó en numerosos procedimientos. ‘El Circuito represivo Camps’ debería llamarse ‘Circuito represivo Camps y Etchecolatz’ – corrigió Nogueira -,  haciendo honor a la verdad histórica».

El fiscal, fiel a la perspectiva declamada, no vacila a la hora de enunciar qué condena exige sobre uno de los máximos responsables del Terror bonarense: «prisión perpetua como coautor mediato, a través del uso del aparato de poder, por los homicidios calificados por alevosía en concurso de dos o más personas en perjuicio de Norberto Rodas y Alejandro Sánchez y la privación ilegítima de la libertad agravada por haber sido cometida con violencia en dos oportunidades, con el agravante de ser perseguidos políticos en perjuicio de Rodas y Sánchez, en concurso real con los delitos contra el derecho de gentes, crímenes de genocidio y delitos de lesa humanidad».

De inmediato, el tribunal procede con la lectura del acta. Recuerda que los crimenes juzgados «son imprescriptibles, por tratarse de delitos de lesa humanidad». Ya sin más preambulos, lee el veredicto: reclusión perpetua para Etchecolatz, reclusión perpetua para Garachico. Carcel común para el sayón nacido en Villa Piazza, domiciliaria para quien fuera uno de sus torturadores predilectos. Antes de concluir la lectura del acta, el Tribunal dispuso, además, que el Poder Ejecutivo de la Provincia deberá desafectar a la comisaria de Arana para realizar allí un espacio para la Memoria. Lo enuncia a los gritos. Apenas logra, sin embargo, entrecortar el umbral de bronca que retumba por todo el recinto.

Ratificarle el premio de la domiciliaria a Garachico, explica parcialmente que la sala corée «Cárcel común, perpetua y efectiva: ni un solo genocida por las calles de Argentina». Que el represor le recibiera en el comfort de su residencia del barrio Juramento en Mar del Plata, no explica, por sí solo, el canto que ahora reza «Justicia, basura, vos sos la Dictadura».

En todo caso, se entonó fuerte durante la pandemia, cuando la misma complicidad judicial otorgó la domiciliaria a 37 represores en el marco de la cuarentena por el coronavirus. A final de cuentas, de los 750 genocidas detenides por crímenes de lesa humanidad, 659 gozan su impunidad en el dulce hogar. Sólo Etchecolatz y otros 184 torturadores se encuentran detenidos en cárceles del Servicio Penitenciario Federal.

Lo que desató la impotencia, lo que justifica esta bronca de familiares de víctimas y supervivientes, de la fiscalía y de la querella ante el veredicto del tribunal platense, es el retroceso, en materia de Memoria, de Verdad y de Justicia, que significa que el Tribunal Platense no reconoció los delitos del Juicio Garachico en el marco de genocidio, y desestimó la figura de la desaparición forzada de las víctimas.

Mientras huyen pavorosamente los jueces Michilini, Basso y Esmoris, la abogada Guadalupe Godoy, querellante en la causa e integrante de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, orienta su vista hacia los rostros que no están, ubicados frente al tribunal. Visiblemente conmocionada, declara: «En los juicios hacemos más que obtener condena, disputamos sentido y peleamos todo; hasta que en la primera fila van las fotos de desaparecidos, en la segunda los familiares y después el resto. Decir que eran delitos de lesa humanidad, borrando la calificación de genocidio, indica que estamos mal”.

«En este tiempo de pandemia, al hacerse los juicios virtuales, pudimos ver cómo viven los genocidas en sus casas y da mucha bronca», anade Pía Garralda, otra de las querellantes del juicio, en representación del colectivo Justicia Ya! Le consultan qué implica que no se hable de genocidio al momento de abordar judicialmente los crímenes del Circuito Camps – Etchecolatz. Responde derrotada: «Volvemos a foja cero en lo que es materia de reconocimiento del Estado de lo que significó la última dictadura genocida».

Derrotada, sí, pero jamás vencida, Garralda retoma los microfonos. Le mencionan al verdugo de López. Evoca sus torturas sin límite en los métodos, los miles de cuerpos picaneados, vejados, violados, incinerados, desaparecidos. En nombre de les 30 mil, asevera: «Vamos a apelar por la calificación de los delitos porque es un retroceso de algo que el mismo Estado ha reconocido a través del poder judicial: de que lo que ocurrió en Argentina fue un proceso genocida, que fue una matanza discriminada para un grupo de personas que eran militantes sociales».

Su impunidad

Conforme el retroceso del fallo en torno a la Memoria, la Verdad y la Justicia, los 16 años sin Julio, y el silencio del verdugo sin decirnos dónde está (dónde están), resulta harto complejo no calificar las nueve condenas de «Miguelito» como estadistica inocua. Un expediente más en los tribunales donde lo imprescriptible no son las calamadides del torturador, sino el debido proceso… y hasta el cuidado de su salud. 

En lo que será el juicio que certifique su décima perpetua (ver Las Perpetuas pasadas), Etchecolatz no volverá a negarlo todo tras las rejas. Tampoco desde el Sanatorio de Merlo, que hace meses lleva un meticuloso cuidado del anciano genocida . Desde el 7 de junio sabe que la espera podría darse en el propio hogar, como acreedor de la divina recompensa de la domiciliaria.

Los jueces complices sentenciaron que la Unidad 34 de Campo de Mayo «no posee infraestructura suficiente para atender las diversas patologías de la que adolece el encausado». «De los informes (del Cuerpo Médico Forense) se desprende que el actual cuadro clínico del nombrado es delicado», argumentaron desde la Sala 2 de la Cámara Federal de Casación Penal. Carlos Mahiques, Guillermo Yacobucci y Ángela Ledesma son precisos en la enumeración de patologías: “antecedentes de HTA, ACV isquémico, Ex TBQ, deterioro cognitivo, insuficiencia cardíaca, insuficiencia venosa, HPB diverticulosiscolónica”. Son categóricos al objetar que ninguna unidad del Servicio Penitenciario puede garantizar «un cuidador de adultos mayores las 24 horas del día».

El fallo se dictó en el marco de la causa por el asesinato de Horacio Alejandro Benavides, un militante de 22 años ejecutado en septiembre de 1976, a manos de un grupo de la Dirección General de Investigaciones. “Chupete” Benavides era compañero de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) de Néstor y Cristina Kirchner-. El 30 de septiembre de 1976, un grupo de represores de la Dirección General de Investigaciones que comandaba Miguel Etchecolatz abrió fuego contra el militante a metros de la céntrica plaza San Martín. Por ese homicidio, el juez Ernesto Kreplak lo había procesado en octubre del 2021.

Cierto es que la decisión se tomó solo en una de las causas de lesa humanidad, por lo que no implica que la orden vaya a cumplirse de manera inmediata, como sucedió en 2017, cuando se fue a vivir a una casa del bosque Peralta Ramos en Mar del Plata. Tan verosímil como visualizar un nuevo escrache organizado, que decante en la rectificación del beneficio, tal como aconteció en 2018, cuando Casación resolviera que el Servicio Penitenciario sí podía garantizar el cuidado de su salud.

Etchecolatz no morirá sentado en el inodoro de una carcel. Y si acaso emulara la muerte del verdugo supremo, escenario y causal no serían los únicos puntos en común. Como Videla – al igual que los centenares de genocidas y de cómplices que ya no existen en este mundo -, Etchecolatz está cada día más cerca de eternizar su impunidad.

Sabe Etchecolatz donde fusilaron y luego desaparecieron a las víctimas de todo el circuito. Sabe qué hicieron los victimarios de las más de 40 víctimas en el Partido de Azul, entre supervivientes y desaparecides. 

En una celda común, o entre casa al interior de cierto barrio residencial, estará rezando para alcanzar el centenario de existencia. Convencido de que la Justicia cómplice, en combinación con el Estado ausente, no lograrán extirparle nombres, direcciones, últimas palabras ni fosas comunes. Todo cuanto sabe y jamás olvidará, quien firmó dos mil desapariciones en su escritorio, e impartió decenas de torturas con sus propias manos.

Entre la décima y el premio de la domiciliaria

Con el inicio de la causa Hogar de Belén, Etchecolatz encabeza a les 9 imputades de un juicio oral unificado, culpado de los asesinatos de seis personas, y la apropiación de tres menores ocultados en el mencionado hogar, dependiente de la Iglesia Católica que avaló la tortura y el abuso sexual de cada uno de ellos.

Las víctimas son Vicenta Orrego Meza de Ramírez, Florencia Ruibal, José Luis Alvarenga, Pedro Juan Berger, Narcisa Adelaida Encinas y una persona no identificada que, se presume, podría ser Andrés Estekete. Les menores, hijes de Vicenta, son Carlos, María Ester y Mariano Alejandro, tenían apenas 5, 4 y 2 años al momento de los hechos. 

Los hechos ocurrieron en dos operativos llevados a cabo por el Ejército y la Policía bonaerense en marzo de 1977 en las localidades de San José, partido de Almirante Brown, y Lavallol en Lomas de Zamora. Ambos, orquestados por el siniestro genio del genocida azuleño.   

Estremece en particular el primer operativo, sintentizado de este modo por la fiscalía del TOF N°1. El 15 de marzo del 77′, en horas de la madrugada, policías y militares rodearon la casa ubicada donde vivía Vicenta con sus tres hijos. La compañera de Julio Ramírez Domínguez, preso a disposición del PEN, había dado alojamiento a una pareja de militantes Montoneros, advertida de que el gobierno genocida estaba tras sus pasos.

Sin alertar sobre su presencia, sin intimar la entrega de los moradores y sin identificarse, de manera sorpresiva, los uniformados abrieron fuego contra el inmueble durante, al menos, quince minutos. Desde el interior de la casa se pidió un alto el fuego para poder evacuar a los niños que estaban en la vivienda.

Vicenta logró sacar por una ventana a sus dos hijos mayores,  dejados solos en un baldío por los efectivos. Cuando salía con un pañuelo blanco y el pequeño de 2 años en brazos, fue acribillada a balazos. Minutos después, los mismos fusiles rematarían en pleno escape a María Florencia Ruibal y José Luis Alvarenga.

Envueltos en la sangre de su madre, les niñes fueron rescatados por un vecino que, días más tarde, los llevó temeroso a la comisaría local. Esta daría intervención al Tribunal de Menores número 1 de Lomas de Zamora, a cargo de la fallecida Marta Pons, cuya secretaria en ese entonces era Nora Susana Pellicer, otra de las juzgadas en la Causa del Hogar.

Ocultados de su familia durante seis años en el Hogar, les niñes debieron esperar al 83′ para ser restituidos a su padre, exiliado en Suecia desde hacía dos años, quien de inmediato encaminó el reencuentro familiar en suelo europeo. El bloqueo del Tribunal de Menores de Lomas al intento de restitución, fue central para que se dilatara la estadía vejatoria de les menores en la vivienda religiosa, accionar que obliga a dimensionar el grado directo de complicidad que Justicia e Iglesia Católica tuvieron con las torturas y las violaciones, las muertes y la miseria impartidas en todas y cada una de las dictaduras argentinas.

Al día siguiente del operativo en San Jose, unos 200 efectivos rodearon una casa en  Lavallol, partido de Lomas de Zamora, donde se encontraban Narcisa Adelaida Encinas, Andrés Steketee y el médico Pedro Juan Berger, padre de María Antonia, una de las sobrevivientes de la Masacre de Trelew. Como Vicenta, los tres se rindieron, salieron con las manos en alto y a pesar de eso fueron acribilladas en el lugar y sepultadas como NN en el cementerio local.

Dirigiéndose al Tribunal, señaló: «Defender a Dios, la Patria y la familia de la ocupación terrorista y criminal está en mi corazón, ya que como hombre que ha vestido y viste el uniforme de la fuerza de seguridad no se vende ni se rinde. La sentencia, ya dictada por sus ideologías y no por la ley, es la medalla de honor al deber que he recibido y recibiré nuevamente; al mejor estilo de los juicios populares realizados en Plaza de Mayo por los organismos de Derechos Humanos politizados, las madres y abuelas de terroristas».

Aún se desconoce una fecha para la continuidad del Juicio – uno de los 20 por lesa en curso en la Argentina, mientras que otras 64 causas aguardan llegar a esa instancia -, pero es casi un hecho que Etchecolatz le verá volver en algo muy parecido a la libertad.

Las perpetuas pasadas

Etchecolatz recibió su primera condena en 1986. 23 años de prisión como responsable de haber ejecutado 91 tormentos en el Circuito Camps. La sentencia sería anulada «gracias» al Punto Final, la Obediencia Debida y el conjunto de DNU que conformaron las leyes de impunidad.  Debieron pasar 17 años para que la Corte suprema le declarase inconstitucionales, y permitir, en marzo de 2004, que el represor azuleño se convirtiera en el primer genocida en ser llevado a juicio oral y público en Argentina.

Esta segunda condena databa en realidad de 1987.  Se lo juzgó y condenó a 7 años de prisión en la Causa Sanz, como responsable por la apropiación y supresión de identidad de Carmen Sanz; nacida en el Pozo de Banfield, fruto de una pareja de uruguayos desaparecides en 1978. Durante el juicio, la propia Estela Carlotto incluso aportó una lista con más de quince casos de nacimientos clandestinos en los que tuvieron responsabilidad Etchecolatz y Bergés, el médico condenado junto a él. Pese a lo inobjetable de las pruebas, la mano derecha de Camps acusaría a la Justicia de haber “acumulado elementos maliciosamente», y se preguntó: “¿Qué norma legal yo he violado para que se me considere autor de un delito aun no probado que no cometí?»

Por su estado de salud, Etchecolatz llegó a gozar del arresto domiciliario, beneficio que provocó el rechazo de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), que exigió que cumpliese prisión efectiva. En junio de 2006 se le revocó el privilegio. ¿La razón? Pudo constatarse que poseía una Browning 9 milímetros de Fabricaciones Militares en su domicilio.

El 19 de septiembre del mismo año, llegaría la tercera y la más significativa de sus condenas. Que tiene por antecedente el testimonio de más de 900 víctimas, y los 200 expedientes que conformaron los Juicios por la Verdad en La Plata, entre 1999 y 2007. A partir de estas audiencias públicas -, fogueadas por familiares de desaparecides y supervivientes junto a organismos de Derechos Humanos -, la Cámara Federal de Apelaciones logró disipar el manto impúdico de la Obediencia Debida y el Punto Final, pudiendo develar el mapa del Horror planificado en el interior bonaerense. Las pruebas y declaraciones recabados en los Juicios por la Verdad serían cruciales para procesar a cómplices como el cura Von Vernich, y a responsables, como el mismísimo Etchecolatz.

Por esas evidencias llegará al Juicio de septiembre de 2006 acusado de la muerte de Diana Teruggi; la privación ilegal de libertad, torturas y homicidio de Patricia Dell’Orto, Ambrosio de Marco, Nora Formiga, Elena Arce y Margarita Delgado; y los secuestros y tortura de les supervivientes Nilda Eloy y Jorge Julio López; el dos veces desaparecido.

Lo cierto es que Jorge Julio fue el máximo artífice de la primera condena de Etchecolatz a prisión perpetua, y en paralelo, de la primera vez en la historia argentina que un tribunal enmarcó crimenes de la Dictatura como «delitos de lesa humanidad cometidos en el marco de un genocidio». Finalmente, el verdugo trocaría su hogar por una celda en Marcos Paz.​

5 años de carcel común le separaban de la cuarta condena. Un juicio colectivo que finalmente condenaría el Terror sistematizado al interior del Circuito Camps. Iniciado el 12 de septiembre de 2011 y con fecha de cierre el 19 de diciembre de 2012, se concentró en los delitos cometidos en 6 de los 29 CCD que constituyeron la red represiva: la Brigada de Investigaciones de La Plata, la Brigada de Investigaciones de San Justo, el Centro de Operaciones Tácticas I (COT I), la Comisaría 5.ª de La Plata, el Destacamento Policial de Arana —también conocido como el «Pozo de Arana»​ y la Subcomisaría de Don Bosco —también conocida como «Puesto Vasco».

En las 90 audiencias que se llevaron a cabo quedaron involucradas 280 víctimas, y fueron juzgados 26 represores entre expolicías y exmilitares, incluyendo, por primera vez,  a un civil con rango de ministro durante la dictadura: Jaime Lamont Smart, exministro de Gobierno bonaerense. Encabezando los 16 condenados a perpetua, figuraría nuevamente Etchecolatz.

Se lograría justicia una vez más por Jorge Julio López; por las torturas y desaparición de les pibes de la UES secuestrados durante la Noche de los Lápices; por el secuestro y las torturas a Jacobo Timerman; por los crímenes cometidos contra la familia Graiver, y Adriana Calvo; por el ataque a la casa de Diana Terrugi, donde policías y militares asesinaron a cuatro militantes montoneros, y robaron a la hija de Diana de tres meses, nieta de Chicha Mariani, quien le buscaría hasta su último suspiro como abuela de la Plaza.

Llegado septiembre de 2013, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de La Plata resolvió uniformar, a una pena única de prisión perpetua, las condenas de 1986, 2004 y 2006 contra el genocida azuleño. 

La quinta condena se daría el 24 de octubre de 2014. Etchecolatz y otros 14 represores fueron juzgados por los delitos cometidos contra las 147 víctimas del centro de detención clandestino de «La Cacha». El fallo fue novedoso por ser la primera vez que se resolvía sobre hechos sucedidos en un CCD de la Provincia de Buenos Aires, y porque establecía la responsabilidad de los oficiales de inteligencia no sólo en la identificación de personas, sino también en su secuestro e interrogatorio. El fallo también fue significativo, por cuanto decretó el inicio al proceso de baja por exoneración de los condenados y la suspensión de toda jubilación, pensión o retiro (en el caso del personal militar), e indicó al Poder Ejecutivo Nacional y Provincial, la adopción de medidas necesarias para desafectar los inmuebles donde funcionaron el Destacamento 101 y La Cacha –que aún permanecía en manos del Servicio Penitenciario- para ser destinados como sitios de Memoria.

Por el secuestro y la desaparición en 1977 de Daniel Omar Favero y María Paula Álvarez, militantes de la Juventud Universitaria Peronista (JUP), llegaría la sexta condena. En marzo de 2016, el Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata le añadió 25 años de prisión, fijándole una pena única de reclusión perpetua por las sentencias de 1986, 2004, 2006 y 2014 que ya ha pesaban en su contra.

El 27 de diciembre de 2017, a sus 88 años, Etchecolatz fue beneficiado con la prisión domiciliaria. En una vivienda cercana a una de sus víctimas, debido a su «cuadro de salud y riesgo de contraer nuevas enfermedades. Antes de otorgarle el beneficio, el tribunal ordenó un peritaje médico, que citó sólo parcialmente en su resolución, pero ignorando que la conclusión del mismo afirmaba que no correspondía otorgarle la prisión domiciliaria. también se afirmaba en el mismo que en caso de una complicación médica «estaría mucho mejor atendido» en el Hospital Penal de Ezeiza que en su domicilio. Durante su prisión domiciliaria, Etchecolatz vivió en el Bosque Peralta Ramos, barrio de la ciudad de Mar del Plata, donde se repitieron numerosas manifestaciones exigiendo su vuelta a la cárcel por parte de vecinos y organismos de derechos humanos.

La prisión domiciliaria fue revocada el 16 de marzo de 2018 por la Cámara Federal de Casación Penal, que ordenó que Etchecolatz vuelva a la cárcel de Ezeiza,​ a la que fue reingresado durante la mañana del día siguiente.

Y al cabo de 7 meses, desde la celda vio arribar la séptima condena. El Tribunal Oral Federal 6 le juzgó por los horrores cometidos en los CCD de la División Cuatrerismo de la Brigada Güemes, en La Matanza, y en la Comisaría 1° de Monte Grande, de Esteban Echeverría. Más precisamente, por los delitos de homicidio agravado por alevosía (3 casos), violación y abuso deshonesto (1), abuso deshonesto (6), privación ilegal de la libertad agravada y tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima (100). Cuando el presidente del tribunal, Fernando Canero, leyó la sentencia, el público comenzó a festejar. Etchecolatz -de campera azul y bastón- sonrió y besó el rosario que tenía sobre el pecho.

Los 84 casos de secuestros, torturas y asesinatos en el centro clandestino de detención que funcionó en la Brigada de Investigaciones de San Justo, al oeste de la capital, conformarían su octava condena. Se le conoció como Causa Puente 12, donde al igual que el ex Director de la Bonaerense, 15 de los 15 juzgados fueron condenados. Durante el debate se sumaron acusaciones por abusos sexuales, “un reclamo histórico ya que el sometimiento sexual como práctica genocida que sufrieron los compañeros y compañeras, sin reconocer género, ni orientación sexual, en todos los Centros Clandestinos de Detención y Exterminio”, apuntaron las querellas en un documento unificado que compartieron minutos antes de la lectura del veredicto. 19 de las 84 víctimas de la causa San Justo continúan desaparecidas.

En mayo del año pasado, Etchecolatz apelaría sin éxito ante la Cámara Federal de Casación Penal, quien ratificó sus delitos de Lesa Humanidad en trece de los casos al interior de la Brigada de San Justo, como «autor mediato» de «homicidio agravado por alevosía». Incluso, confirmaría su condena por tentativa de violación y abuso deshonesto a secuestradas en los CCD de la Causa.

No sería su único revés en la pandemia. La novena reclusión perpetua se vio consagrada el 13 de mayo, con el ya abordado Juicio Garachico. Además, mientras espera procesado el inicio de otro juicio por un homicidio (de Horacio Wenceslao Orue), el genocida azuleño enfrenta desde 2020 la Causa Minicucci (Las Brigadas), que reúne cerca de 400 víctimas entre el “Pozo de Banfield”, “Pozo de Quilmes” y “El Infierno” de Avellaneda. Y en el mientras tanto, desde el 4 de marzo de este año, el TOF N°1 de La Plata dio apertura a la dicha causa Hogar de Belén, que desembocará inexorablemente en su décima condena.