No declarada, la emergencia educativa existe por la propia motosierra del gobierno. En un contexto de gran depresión, de impiadoso como brutal ajuste contra sectores medios y bajos, aún sobrevuela aquella promesa electoral del Presidente de convertir escuelas en vouchers.
Lejos de pensarle como derecho esencial adquirido, para Javier Milei, la Educación Pública es un curro. Equivale a uno de los acérrimos bastiones enemigos de su mentada batalla cultural. Así lo ha delatado la campaña de desprestigio contra el sistema universitario público que pregona desde las PASO, y así lo ratifica con el recorte presupuestario al sector que sostuvo desde el día cero.
La saña comenzó apenas asumió el Poder Ejecutivo, cuando repitió el presupuesto de 2023 para las casas de estudio. La quita del 70% de los ingresos, robo injustificado y unilateral, afecta tanto el pago de los salarios docentes como de las tarifas de los servicios públicos. Si las universidades continúan dependiendo de los fondos prorrogados, la mayoría se verán forzadas a levantar clases para septiembre, dejando en coma al sistema educativo que, por gratuito, irrestricto y de calidad, nutre a la masa profesional capaz de traccionar a la Argentina.
De concretarse, la parálisis podría dejar a 300 mil trabajadores docentes y nodocentes en la calle a nivel nacional y a más 2.500 millones de alumnos en un limbo, sin chances de continuar con sus carreras.
Más de un millon de personas se convocaron hoy a lo largo del país para advertirle a Milei que si antes no fue posible, la motosierra tampoco podrá con la fuerza de las aulas del pueblo.
De la falsa promesa a la denuncia a cielo abierto: claves para entender por qué la universidad está en peligro
Durante las últimas semanas, los directivos de las universidades nacional advirtieron que los fondos asignados por el Gobierno Nacional los obligaría a dejar de funcionar en el primer semestre del año o incluso antes. Los reclamos se multiplicaron este lunes. A los abrazos simbólicos que hubo en distintas dependencias de la Universidad de Buenos Aires, se sumó una protesta masiva en el Hospital de Clínicas, que depende de la Facultad de Medicina de esa Casa.
El monto asignado para funcionamiento (no incluye salarios) fue firmado en octubre de 2022 para el año 2023, y no prevé composición por la inflación que a abril de 2024 superó el 270%. Aunque el Gobierno nacional anunció el jueves una propuesta de mejora –un 70% en mayo para gastos de funcionamiento, que se suma al 70% otorgado en marzo, junto con una partida extraordinaria de $14.400 millones para los hospitales universitarios–, desde las universidades afirman que el monto solo cubre la mitad de la inflación acumulada y sostendrán la medida del martes.
La propuesta fue planteada al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), según informaron los funcionarios nacionales de la cartera que dirige la ministra Sandra Pettovello. “De acuerdo a lo previsto por el Gobierno Nacional se dispuso un aumento del 70% en marzo llevando la asignación por gastos de funcionamiento a $10.075.851.995 mensuales para las Universidades Nacionales y otro 70% en el mes de mayo alcanzando los $14.224.732.213 mensuales, totalizando un 140% de aumento sobre la asignación base de $5.926.971.777 mensuales. Además, se dispuso una partida extraordinaria para atender las necesidades de los hospitales universitarios de $14.403.479.661″, detalló el comunicado.
Desde el CIN remarcaron que no se trató de un acuerdo, “sino de un anuncio del Gobierno”. En este marco sostienen “el planteo de incrementos necesarios para gastos de funcionamiento y becas estudiantiles, actualización de salarios docentes y nodocentes, y reactivación de las políticas de ciencia, investigación y extensión y el financiamiento de obras”.
A través de un comunicado difundido mediante sus redes sociales, el Consejo señaló que “sin dudas, el diálogo, es el camino para lograr acuerdos duraderos que den la previsibilidad que el sistema universitario y científico necesita en materia presupuestaria”. A su vez, “valoran” que se reconozca “parte” del reclamo. “Quedamos a la espera de la invitación en la que se nos comparta, formalmente, la medida a la que asistirá el Comité Ejecutivo del CIN”, concluye el texto en el que se ratificó la marcha convocada para el próximo martes en todo el país con el objetivo de “defender la educación pública” y de solidarizarse con la causa.
Fieles a la provocación dead line, Capital Humano aguardó hasta el día previo a la marcha para retrucar su posición. Agotándose en lo enunciativo con respecto a la puja presupuestaria, la carta subraya la estimgmatización de la universidad como entidad adoctrinadora y corrupta. «La educación es un derecho; la auditoría una obligación», tuvo por título el nuevo comunicado del ministerio, asegurando que «tal como estaba planificado» en el cronograma con el CIN, este lunes «se realizó el depósito del 100% de los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales», con un aumento del 70% y por un total de $10.075.851.995, concluyendo así con la política de congelamiento de la administración anterior».
Esa suma estaría acompañada de un complemento de 11.812 millones para «la función salud de las universidades de Buenos Aires, Córdoba, Cuyo y La Rioja», que contempla un refuerzo para los hospitales de la UBA. El presupuesto engrosado ascendería a $21.888 millones.
Previamente a la promesa de «fiscalizar y auditar todo gasto que se apruebe» en el ámbito académico, el panfleto oficial presume con cinismo que el gobierno «defiende la Educación Pública, a la vez que reitera el derecho del pueblo argentino a conocer el destino y ejecución de toda partida asignada».
La puja por recursos se da mientras, en paralelo, el presidente de la Nación cuestiona abiertamente el servicio educativo que brindan las universidades nacionales y acusa al sistema público de “adoctrinar” a los estudiantes. “La disonancia cognitiva que generó el lavado de cerebro en la educación pública es tremendo”, afirmó durante las primeras horas de la jornada el jefe de Estado, en su cuenta de X, canal oficial de sus intenciones reales.
Milei confía que el desguace y el desmantelamiento del sistema universitario público sean las bases del arancelamiento total de la educación superior en la Argentina. Lo que se busca implantar como reforma al, en Argentina ya pasó y fue trágico. El sistema universitario fue arancelado durante la última dictadura cívico-eclesiástico-militar, generando que por primera vez en la historia bajara la matrícula de estudiantes universitarios. Antes de llegar a la gratuidad, la Argentina tenía 38 mil estudiantes universitarios; en 1949, siendo laica y de acceso irrestricto, pasó a tener 140 mil.
Sin embargo, el retorno democrático de 1983 concentró cerca de 300.000 futures profesionales, y para el presente se estima que superan los 2.500 millones en los 71 establecimientos públicos repartidos en las 24 provincias del país. Esa escalada de estudiantes ha devenido en numerosas generaciones de profesionales en familias de estratos medios-bajos, en lo que puede considerarse la movilidad social ascendente más trascendental para el desarrollo permanente del país en su era moderna.
Vale el refuerzo de tamaña injerencia de la universidad pública en la Argentina – por defecto, del movimiento universitario – para dimensionar que lo que está en juego, además de un derecho, es una insignia de reconocimiento mundial que dignifica y potencia de abajo hacia arriba.
Nota en desarrollo